A la opinión pública
Al rector de la UNAM, José Narro
Al Jefe de Gobierno del Distrito Federal
Al Presidente de la República
Frente a los recientes acontecimientos en Ciudad Universitaria, que culminaron con la irrupción de cientos de granaderos la noche del 15 de noviembre en un acto que violenta a todas luces la autonomía universitaria, un amplio sector de la comunidad cultural conformada por académicos, escritores, artistas y trabajadores de la cultura radicados en México y el extranjero, queremos manifestar nuestro extrañamiento y, sobre todo, nuestra creciente preocupación. En los últimos años, los estudiantes mexicanos han sido objeto de hostigamientos, persecución y detenciones arbitrarias. La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa es el ejemplo más grave y brutal de esta persecución sistemática. Ese hecho se encuentra hoy bajo el escrutinio nacional e internacional y ha provocado una creciente toma de conciencia en la ciudadanía mexicana sobre un urgente replanteamiento de las relaciones del Estado con la sociedad. Frente a la crisis actual, no podemos permitir que la respuesta sea la represión.
La criminalización de los estudiantes y la protesta social, la intimidación y el acoso son signos peligrosos que sólo hacen crecer el conflicto. Nos preocupan e indignan las detenciones arbitrarias en el Centro Histórico y otras colonias de la ciudad de México que, en las últimas dos semanas, han sido documentadas por ciudadanos de a pie, así como la detención y secuestro del camión con 84 estudiantes de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Veracruzana, en la autopista Xalapa-Veracruz la noche del 14 de noviembre, por policías estatales y federales, lo mismo que la presencia de granaderos en Ciudad Universitaria en un contexto explosivo y confuso un día después. Los discursos sobre la prioridad del diálogo y la procuración de justicia por parte de la clase política del país no pueden estar acompañados de signos contrarios y exigencia de mano dura. La sociedad mexicana se encuentra agraviada y exige una respuesta que finque responsabilidades y termine con la impunidad, no que amenace a la sociedad civil.
Tememos que la chispa encendida por la injusticia y el horror no sea entendida con la responsabilidad que el momento requiere y que quienes tienen la obligación de dar respuesta a la ciudadanía, empezando por el gobierno federal, violenten los derechos humanos de quienes hoy se manifiestan por estos hechos aberrantes. Del mismo modo le exigimos al gobierno del Distrito Federal que respete el libre derecho a la manifestación y detenga la política represiva hacia los estudiantes instrumentada desde los hechos del primero de diciembre del 2012.
Asimismo, llamamos al presidente Enrique Peña Nieto a presentar, a la brevedad, un informe pormenorizado sobre la cantidad de cuerpos encontrados en fosas clandestinas de todo el país. Exigimos que esos ciudadanos asesinados impunemente sean identificados y tengan pleno acceso a la justicia. Del mismo modo, exigimos la búsqueda y localización de los miles de ciudadanos que han sido desaparecidos en el país con la complicidad de autoridades municipales, estatales y federales.
Manifestamos nuestra solidaridad con los padres de los estudiantes de Ayotzinapa y reiteramos la exigencia de su presentación con vida, a 51 días de su desaparición.
Ha sido gracias al silencio cómplice que se han cometido terribles atrocidades en nuestro país. Nunca más el silencio para las víctimas silenciadas por la violencia. Llamamos a todas las organizaciones de la sociedad civil a manifestarse pacíficamente contra la violencia criminal ejercida desde el Estado.
Ayotzinapa somos todos.
México, D.F. a 16 de noviembre, 2014

Para firmar favor de enviar su nombre a cartaayotzinapa@gmail.com